La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la obligación para los integrantes de todas las policías del País, de presentar exámenes que incluyen diferentes baterías de pruebas psicológicas y psicométricas, análisis médico y toxicológico, aplicación del poligráfo y un análisis de entorno económico. A este serie de evaluaciones se les conoce como exámenes de control y confianza.
Su aplicación ha generado descontento en algunos sectores de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La secrecía con la que se evalúan los resultados -dicen algunos- genera la sensación de indefención, particularmene cuando un elemento es separado de su encargo bajo el argumento de no haber acreditado dichos exámenes, pero no se les informa en qué fallaron o la razón por la que dejaron de ser confiables.
Al interior de las corporaciones, hay quienes señalan a los mandos como los causantes de despedirlos tomando como pretexto los exámenes de control y confianza. Sin embargo, dichas evaluaciones están completamene fuera del alcance de la manipulación de los mandos policiales. De hecho, éstos últimos son también evaluados ante instancias que no son las de su ámbito de influencia.
Antes de que sea obligatorio contar con policías evaluados en control y confianza, el reclamo era que las policías tenían un porcentaje muy alto de infiltración, convirtiéndose en brazo operativo de grupos criminales o simplemente que pocos contaban con la ética necesaria para desempeñar el rol de garante de la seguridad ciudadana.
Cierto es que dichos exámenes y su proceso de interpretación de resultados deben revisarse con detenimiento para evitar que alguna falla en su lectura trunque las carrera de un policía que ha decidido dedicar su vida a proteger y servir a los demás, pero también lo es que los países con mejores prácticas en materia policial aplican estas evaluaciones con resultados muy positivos. De hecho, fincan en dichos exámenes el éxito en la captación y administración de su elemento humano y, lo más importante, su futuro desempeño en el campo, frente a la sociedad.
Sería importante que la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgue la posibilidad de transparentar los resultados de dichas evaluaciones y con ello dar certeza a quienes han dedicado gran parte de su vida a tareas de seguridad pública. Lo merecen ellos y sus familias.
También es deseable que los policías uniformados y no uniformados, especialmente los mandos, adopten una nueva actitud ante la necesidad de la evaluación permanente como parte del nuevo pacto entre autoridad y sociedad.
Los exámenes de control y confianza son tan sólo una parte, muy importante sin duda, del camino que debemos transitar hacia la recuperación plena de la confianza en las policías.
